Venezuela enfrenta una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) desde 2015, que se ha agravado con el tiempo, exacerbada por la vulneración sistemática del acceso a derechos fundamentales, falta de acceso a servicios públicos esenciales, entre ellos los correspondientes a las áreas de salud y protección, incrementando las necesidades humanitarias de la población.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que más de 20 millones de venezolanos requieren asistencia humanitaria, con 7.6 millones enfrentando necesidades críticas. Este contexto ha aumentado los riesgos en el área de protección, salud y salud mental.

Las condiciones de vida se ven gravemente afectadas por factores como la inseguridad alimentaria severa; deficiencias en el sistema de salud, las cuales dejan a las personas más vulneradas sin atención ni acceso a medicamentos; y la precariedad de servicios esenciales como agua, electricidad y transporte.

En cuanto a la educación, organizaciones de la sociedad civil estiman que niños, niñas y adolescentes asisten a la escuela con irregularidad y que el 70% de éstos no tienen acceso a alimentación escolar, lo que compromete su derecho a una educación inclusiva y de calidad.

La persistente intención de migrar también refleja la falta de perspectivas de desarrollo y la búsqueda de condiciones de vida más dignas fuera de Venezuela.

El acceso a servicios de salud y salud mental es un desafío, con falta de personal médico e infraestructura sanitaria insuficiente. Esta situación, combinada con la ansiedad y el estrés derivados del entorno actual, ha contribuido a un aumento en los casos de violencia y suicidio.